A pocos días de asumir, Arning dispuso un considerable aumento en su salario y en el de su equipo político. Según datos oficiales de febrero de 2024, el sueldo bruto de la intendenta superaba los 2,8 millones de pesos mensuales, mientras que algunos funcionarios cercanos percibían montos que rondaban los 3,5 millones de pesos. Esta decisión generó un amplio rechazo social, especialmente por haberse aplicado en plena declaración de crisis institucional y en paralelo a aumentos de tasas municipales de hasta el 290 %.
El descontento creció aún más al conocerse la expansión de la estructura política: se crearon 17 direcciones bajo apenas cinco secretarías, lo que muchos vecinos interpretaron como un aumento innecesario del “gasto político”, sin una mejora visible en los servicios públicos. La acumulación de críticas por deficiencias en la recolección de residuos, alumbrado urbano, mantenimiento vial y la demora en pagos a trabajadores municipales se volvió una constante.
Revocatoria ciudadana en marcha
El proceso de revocatoria de mandato fue iniciado en mayo con la presentación de 1.535 firmas, muy por encima del 10 % del padrón electoral requerido. Aunque la Junta Electoral Municipal detectó observaciones en un grupo de rúbricas y otorgó 15 días hábiles para subsanarlas, la iniciativa se mantiene firme. La Justicia Electoral ya rechazó una impugnación presentada por Arning para frenar el proceso.
Entre los episodios más polémicos, figura la impugnación de la firma de un vecino no vidente, a quien la intendenta acusó en un escrito de “retraso mental”, en un intento de invalidar su adhesión al reclamo. La presentación generó indignación en la comunidad y profundizó las críticas al estilo personalista y confrontativo de su administración.
Opinión: acumulación de errores y desconfianza ciudadana
La gestión de Arning ha sido cuestionada por su falta de diálogo, su enfoque verticalista y por medidas percibidas como insensibles frente a las necesidades reales de los vecinos. Lejos de ordenar el municipio, la administración parece haber perdido el rumbo entre conflictos políticos, aumentos tarifarios desmedidos y escasa ejecución de obras públicas.
Con una participación proyectada superior al 70 % y con un 44 % dispuesto a votar por su salida, la posibilidad de una revocatoria exitosa en Mendiolaza ya no es lejana. De concretarse antes de los dos primeros años de mandato, se abriría una nueva elección municipal; si ocurre después, será el Concejo Deliberante quien deba designar a un reemplazante.
Mendiolaza está frente a una decisión trascendental: respaldar un modelo de gobierno cada vez más cuestionado o abrir paso a un nuevo liderazgo surgido del reclamo popular.
