La Unión Cívica Radical de Córdoba atraviesa uno de sus debates más intensos desde la recuperación democrática. Dos posturas, bien definidas, emergen dentro del partido: por un lado, el sector liderado por Ramón Mestre sostiene la necesidad de recuperar una identidad radical clara y autónoma, sin ataduras ni alianzas que diluyan el perfil histórico del partido. Por el otro, Rodrigo de Loredo encabeza una estrategia más pragmática, enfocada en mantener espacios de poder mediante acuerdos electorales, aunque sin precisar aún con quién: ¿Mauricio Macri? ¿Javier Milei? ¿Luis Juez?
Este dilema no es nuevo en la historia del radicalismo, pero se agudiza hoy en Córdoba, una provincia clave donde la UCR ha sabido ser protagonista, pero que en los últimos años ha resignado liderazgo frente al peronismo local y a las fuerzas emergentes de la derecha nacional.
Sin embargo, detrás de los resultados provinciales hay una realidad política que no puede ser ignorada: la UCR sigue siendo, por lejos, uno de los partidos con mayor cantidad de intendencias y comunas en la provincia de Córdoba. Con presencia en numerosos gobiernos locales, el radicalismo cordobés mantiene una estructura territorial sólida, con cuadros que gestionan, conocen el territorio y representan el principal capital político del partido. Esa base no solo es una reserva de poder, sino también un factor clave a la hora de definir estrategias y rumbos partidarios.
Mestre —exintendente de la ciudad de Córdoba— plantea que la UCR debe dejar de ser furgón de cola y volver a presentarse como alternativa con discurso, valores y estructura propia. Su posición, si bien puede sonar idealista frente al pragmatismo electoral, busca revitalizar una militancia que se siente postergada en cada nuevo acuerdo en el que el radicalismo ocupa un rol secundario.
Del otro lado, De Loredo encarna el sector aliancista. Su mirada está condicionada por su presente: es diputado nacional y necesita una estructura fuerte para sostener su reelección. Esta necesidad de supervivencia lo empuja a explorar alianzas, aunque ni siquiera él —ni su entorno— hayan definido con claridad con quién: ¿un acuerdo con el PRO residual de Macri? ¿una integración en el esquema libertario de Milei, con quien ya ha mostrado ciertas sintonías discursivas? ¿o acaso una nueva versión de la alianza con el Frente Cívico de Luis Juez, con quien compartió boleta en 2023?
Esta indefinición, sin embargo, comienza a generar tensiones dentro del partido. Muchos dirigentes y militantes cuestionan que las alianzas no sean resultado de un proyecto político compartido, sino de cálculos personales o de conveniencia momentánea.
Lo cierto es que el radicalismo cordobés está en una encrucijada: o reconstruye un proyecto propio, aun con los riesgos electorales que eso implica, o se diluye en alianzas donde sus banderas quedan arrumbadas en nombre de la gobernabilidad o la supervivencia parlamentaria.
Córdoba, otra vez, se convierte en el laboratorio del radicalismo nacional. La pregunta no es menor: ¿vale más una banca asegurada en el Congreso o la posibilidad de volver a enamorar al electorado con un proyecto radical verdadero? La respuesta, por ahora, está en disputa. Pero lo cierto es que, con o sin alianzas, la UCR cordobesa sigue teniendo territorio, dirigentes y músculo político suficiente para no resignarse al papel de invitado de piedra.
